jueves, 12 de marzo de 2020

EEUU denuncia que Poder Judicial desestimó casos de corrupción de alto nivel...

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su Informe sobre Dere­chos Humanos en la región, correspondiente al 2019, que el Gobierno dominicano no ha implementado correc­tamente las leyes para apli­car penas criminales contra funcionarios públicos acusa­dos de corrupción. “El gobierno tomó algu­nas medidas para castigar a los funcionarios que come­tieron abusos contra los de­rechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción ofi­ciales, especialmente entre los altos funcionarios”, expli­ca el reporte anual publica­do ayer. Indica que a pesar de que leyes dominicanas estable­cen un poder judicial inde­pendiente, el Gobierno “no respetó la independencia ju­dicial y la imparcialidad”. El informe señala que hu­bo enjuiciamientos selecti­vos y despidos de casos en medio de denuncias de so­borno o presión política in­debida. “El poder judicial desesti­mó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder ju­dicial era un problema gra­ve”, manifiesta el estudio. Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vincu­lados en el caso de sobor­nos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de ha­ber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Esta­do. “Los seis acusados in­cluían un senador, un repre­sentante de la cámara baja, un exsenador y un exminis­tro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con be­neplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para inves­tigar a fondo el caso, que in­volucraba a las élites políti­cas y económicas del país”, detalla el informe estado­unidense. De acuerdo con un in­forme del Consorcio In­ternacional de Periodistas de Investigación además de los 92 millones dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la cons­trucción de la planta de car­bón de Punta Catalina. “Después de que este in­forme se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores fi­nancieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión de­signada por el gobierno des­estimaron previamente las acusaciones de irregulari­dad en el proceso de contra­tación de la planta”, señala. Seguirleyendo por:listindiario